La Asociación de Abogados Penalistas de Rosario cuestionó con dureza el paquete de reformas en materia de seguridad impulsado por el gobierno de Maximiliano Pullaro. En un documento presentado esta semana ante la Cámara de Diputados provincial, la entidad advirtió que la iniciativa puede derivar en un sistema de “castigo anticipado”, basado en sospechas y con menores garantías para las personas investigadas.
El planteo fue expuesto durante la ronda de consultas que llevan adelante las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales, en el marco del debate sobre el proyecto denominado “Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública”.
Para los abogados, la búsqueda de mayor eficacia en las investigaciones no justifica recortar derechos ni otorgar a fiscales y policías atribuciones que corresponden a los jueces.
Su principal preocupación es que varias disposiciones amplíen las posibilidades de intervención estatal sin suficientes controles judiciales y limiten el ejercicio de la defensa.
Uno de los puntos cuestionados es la posibilidad de que la policía tome declaraciones e interrogue a personas sospechadas antes de que sean formalmente imputadas.
La asociación alertó que esa facultad puede convertirse en un mecanismo de presión y reclamó que las declaraciones se realicen ante fiscales o jueces, con asistencia de un abogado defensor.
Por otra parte, objeta además la posibilidad de celebrar juicios penales en ausencia del acusado. Según el documento, la presencia del imputado es una condición esencial para conocer la acusación, discutir las pruebas y ejercer plenamente el derecho de defensa.
Además, sostiene que la legislación vigente ya dispone herramientas para evitar que la fuga de una persona paralice las investigaciones.
La entidad cuestionó, además, que el proyecto permita admitir pruebas obtenidas ilegalmente cuando los agentes policiales hayan actuado bajo la creencia de que su procedimiento era legítimo.
A criterio de los penalistas, el argumento de la “buena fe” podría servir para convalidar intervenciones que vulneren garantías constitucionales.
En la misma línea, objetaron la ampliación de los casos en los que la policía podría ingresar a una vivienda sin orden judicial.
Advirtieron que una sospecha no alcanza para justificar una medida de esa gravedad y señalaron que existen mecanismos digitales para tramitar autorizaciones judiciales en plazos breves.
Otro eje de las críticas es la posibilidad de que los fiscales dispongan medidas cautelares sin autorización judicial previa.
Entre ellas figuran la exclusión de una persona de su hogar, las restricciones de contacto, el uso de dispositivos electrónicos de rastreo, las garantías económicas y la prohibición de salir del país.
Para la asociación, imponer estas restricciones sin una evaluación previa de un juez independiente puede afectar derechos fundamentales.
También cuestionó que algunas medidas no puedan ser recurridas, por considerar que eso restringe la defensa y el acceso a una revisión judicial efectiva.
El documento también objeta el llamado procedimiento por decreto penal, que permitiría dictar una condena sin un juicio oral, a partir del pedido del fiscal y bajo determinadas condiciones.
Los abogados advierten que este mecanismo podría reducir al juez a un mero validador de la acusación y limitar la discusión de los hechos, el control de las pruebas y la producción de evidencias por las partes.
Por último, expresaron reparos sobre el régimen agravado previsto para personas detenidas sospechadas de ordenar o instigar delitos desde las cárceles.
Consideran que las restricciones propuestas se apoyan en criterios imprecisos y controles insuficientes, con el riesgo de aplicar sanciones anticipadas en lugar de respuestas fundadas en hechos acreditados.
