El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dijo que espera que el Congreso "debata rápidamente" el nuevo marco jurídico para la regulación en la formación de precios, que incluye la creación de la Justicia del Consumidor y un Observatorio de Precios.
Explicó hoy que el gobierno nacional sigue trabajando en procura de "generar un sistema de regulación en el proceso de formación de precios desde la producción hasta el consumo".
Aludió, en tal sentido, a las iniciativas que envió la presidenta Cristina Fernández al Congreso proponiendo la creación de la Justicia del Consumidor, con juzgados específicos y un Observatorio de Precios, para analizar el comportamiento de toda la cadena de formación de precios.
Para ello propicia la reforma de la leyes de Defensa de la Competencia y del Consumidor, de Lealtad Comercial y de Abastecimiento.
Capitanich destacó hoy la iniciativa de "crear el fuero del consumidor, defender sus derechos y generar un sistema de regulación en el proceso de formación de precios desde la producción hasta el consumo".
Sobre la baja de las tasas de interés dijo que tienen como objetivo "estimular los niveles de inversión y producción de bienes y servicios y profundizar estrategias que revitalicen el consumo de las cadenas de valor, porque es la forma que puede garantizarse el funcionamiento del sistema económico".
Afirmó que "el productor se queja porque no tiene un precio compensatorio y el consumidor se queja porque paga un precio demasiado alto" y por ello es necesaria "la actividad regulatoria por parte del Estado y este marco jurídico que el Congreso Nacional debatirá es lo que nos brindará las herramientas necesarias para un proceso de intervención eficaz por parte del Estado", indicó.
Destacó que confía en "un nuevo marco regulatorio y de funcionamiento adecuado de los mecanismos de regulación por parte del sector público en materia de formación de precios, que tenderá a un proceso de consolidación desde precios cuidados hasta un proceso que nos permita garantizar la reducción de precio".
Aseguró que "vamos hacer los esfuerzos necesarios para tener la concurrencia de un Estado con capacidad regulatoria" y lograr contar con "empresarios con capacidad de inversión y sindicatos y trabajadores con capacidad para trabajar en función de esos objetivos".
