El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, acordaron que la Dirección de Datos Personales girará al Ministerio Público Fiscal denuncias que supongan delitos de acción pública, en especial los relacionados con ciberdelincuencia.
Un convenio que establece un protocolo de actuación con un procedimiento ágil que brinde respuesta urgente a las denuncias sobre delitos de acción pública, en especial los relacionados con la ciberdelincuencia, firmaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
Según el acuerdo, la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP) girará al Ministerio Público Fiscal las denuncias que reciba y que supongan la comisión de delitos de acción pública, en tanto que este organismo proporcionará a través de los fiscales intervinientes, la información referida al estado de las causas penales en trámite con el fin de mantener a la víctima informada sobre el curso del proceso.
Entre los ciberdelitos más frecuentes se incluyen fraude, robo, chantaje, malversación de caudales públicos, ransomware (secuestro de información), falsificación y phising (robo de identidad), pornografía infantil, grooming (ciberacoso), trata de personas, narcotráfico, y venta de armas, entre otros.
Para enfrentar los delitos cibernéticos, que según las Naciones Unidas generan a nivel global 3.000 millones de dólares al año, con 80 millones de hackeos automáticos por día en todo el mundo; el Ministerio Público Fiscal designó como representante al fiscal Horacio Azzolín, como punto focal en materia de ciberdelincuencia, en tanto que el MJyDDHH nombró a Juan Cruz González Allonca, titular de la DNPDP. Junto a Alak y Gils Carbó estuvieron el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Registral del MJyDDHH, Esteban De Gracia; González Allonca y Azzolín.
