En 2013, el Gobierno discontinuó los datos de pobreza con el argumento de que existía un "problema de empalme" a partir del cambio en el método de medición de la inflación. En su respuesta a la jueza, la Dirección de Legales del Ministerio de Economía afirmó que el "índice particular cuya publicación pretende la amparista (por Donda) directamente no se produce".
La presentación del Palacio de Hacienda agregó que la no elaboración del indicador para medir una determinada variable "no configura agravio alguno, máxime cuando el INDEC produce y publica otros índices de los que se puede desprender la información pretendida por la peticionante". La presentación puso a disposición una serie de indicadores para que la jueza, la diputada Donda o quien quiera calcule la pobreza con la metodología que prefiera.