En el mes de junio, la jueza federal de Río Grande en Tierra del Fuego, Lilian Herráez, ordenó embargos por 156,4 millones de dólares, además del secuestro de barcos y de otros bienes pertenecientes a empresas petroleras que operan ilegalmente en aguas cercanas a Malvinas.
En tanto, la resolución 859 de la Secretaría -publicada este martes- recuerda que en agosto de 2012 la Cancillería brindó información relacionada con empresas que estarían operando ilegítimamente en la plataforma continental, próxima a las Islas Malvinas.
Esa información se enmarcó en las gestiones impulsadas por el Poder Ejecutivo Nacional “en relación al ejercicio de la soberanía nacional sobre los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos” situados en dicha plataforma.
