Hasta ahora el control y supervisión de estas personas estaba a cargo de la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria de Santa Fe, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia.
“La relación con la Nación es buena, como con el ministro de Justicia", dijo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, sin embargo el conflicto surgió a raíz de un convenio que venció en diciembre pasado, en el cual la provincia realizaba los controles postpenitenciarios.
"Nos comunicamos con el Ministerio de Justicia y no obtuvimos respuesta", declaró. Sin embargo luego de conocerse la reacción de la provincia el subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la Nación habló con autoridades provinciales y se llegó al acuerdo de prorrogar por 45 días, para analizar la situación.
