La denuncia fue efectuada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina, firmada por su titular, Fernando Miguez, y quedó radicada en el juzgado de Claudio Bonadío, un juez muy cercano al Gobierno.
Según la presentación, Alonso incurrió en "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público", que contemplan penas que van de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo.
