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Bonfatti detalló que "la propuesta apunta a dotar a los gobiernos locales de herramientas que les permitan hacerse de tierras e infraestructuras necesarias para aquellos sectores sociales que tienen problemas habitacionales, garantizando una distribución más equitativa y solidaria del suelo urbano entre la población".
En este sentido, la norma se enfoca en reforzar esta estrategia, ampliando el marco jurídico con el que cuenta la provincia para garantizar el derecho constitucional a la vivienda y el hábitat digno.
"Tal objetivo se alcanza a partir de la creación de instrumentos de gestión social, urbana y fiscal, que permiten la construcción de un nuevo orden urbano por parte del gobierno provincial", expresa el texto.
El proyecto promueve la instalación de procesos de gestión democrática que permiten la redistribución de las cargas y beneficios del desarrollo urbano, y aporta herramientas legales que facilitan la regularización de los asentamientos irregulares, a la vez que posibilitan el acceso a un lote urbano a familias que hoy no logran contar con un hábitat digno.
