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Entre otros aspectos, habilita la reasignación de "partidas presupuestarias" con el objeto de implementar todas las medidas de prevención necesarias en la materia. También apunta a fomentar la articulación entre las distintas provincias, la capacitación de operadores de salud y funcionarios judiciales, policiales y administrativos en el sentido de proceder adecuadamente ante estos casos de violencia.
La propuesta establece la asignación de una ayuda económica mensual, equivalente a un salario mínimo vital móvil, para aquellas mujeres que se encuentren en situación de violencia de género que debe ser otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) durante todo el tiempo que las víctimas se encuentren fuera de sus domicilios y hasta tanto se reinserten laboralmente.
