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En un principio, la denuncia alcanza al secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda; al subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popik; y al director nacional de Gas Licuado de Petróleo, Luis Barile. La denuncia se presentó en la Cámara Federal y por sorteo recayó con el número de causa 16.819/2016, en el juzgado federal N° 11, del juez Claudio Bonadio.
La legisladora reclamó que se "determine si los nombrados, en el ejercicio de sus funciones pudieron haber intervenido sea mediante la suscripción de resoluciones y/o mediante gestiones y/o habiéndose interesado en operaciones vinculadas a empresas de los que fueron parte, hasta antes de asumir la función pública; afectando la 'imparcialidad' y 'fidelidad' en el desempeño de sus funciones".
