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En ese sentido, la inminencia de los despidos pretendería ejercer presión para que se acepten convenios menos favorables de trabajo, en tanto para la administración nacional como para las petroleras eso es un requisito para que lleguen inversiones al no convencional.
"La compañía no puede seguir sosteniendo una actividad que no está en línea con los precios actuales del petróleo en el mercado internacional a los que se irá confluyendo en el plano local en pocos meses", dijeron fuentes de la petrolera al explicar la medida y detallaron que mantener los 33 equipos en stand-by tiene un costo anual de u$s100 millones.
Los trabajadores afectados son los mismos que quedaron alcanzados por el procedimiento preventivo de crisis que se firmó en febrero entre la Cámara de Empresas Operadoras (CEOPE) y los sindicatos de petroleros y de jerárquicos de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Por ese mecanismo que formalmente llegó hasta julio pero se prolongó hasta ahora, el personal quedó suspendido percibiendo la mitad de los haberes correspondientes a un trabajador de torre sin adicionales.
