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Así lo confirmó a ámbito.com la titular de la comisión, Liliana Fellner, quien advirtió además que la decisión del Gobierno "abre un escenario de posibles demandas hacia nuestro país" por parte de las empresas que durante el año 2014 y 2015 hicieron fuertes desembolsos para acceder a las frecuencias que le permitieran brindar los servicios 4G.
En este marco, los legisladores deben definir si pueden hacer una reunión extraordinaria, antes del 1 de marzo, o una reunión de comisión luego de la apertura de sesiones. Para Fellner, la medida adoptada por el Ejecutivo siembra "una gran inseguridad jurídica", porque "mediante normas de jerarquía inferior" introduce "cambios en las reglas de juego".
