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Los fiscales de la PIA habían hecho el año pasado una presentación para analizar si pudieron haber existido delitos vinculados negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta, violación de los deberes de funcionario público y cohecho a raíz del aumento en las tarifas.
La orientación de la investigación penal surgió de notas periodísticas que señalaban que socios y amigos de Macri habían comprado empresas de electricidad y gas, y apuntaron a Nicolás Caputo, a través de la firma Central Puerto; y a Jhon Lewis y Marcelo Mindlin, por acciones de Petrobras. Según la PIA, el incremento tarifario de por sí implicó una mejora en la ecuación económica para los titulares y accionistas de las empresas del rubro.
