La medida del tribunal de alzada significa en los hechos un aval a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, adherente al kirchnerismo, a quien el gobierno de Mauricio Macri quiere remover del cargo y responsabiliza por frenar investigaciones que involucran a funcionarios de las administraciones pasadas, como el caso Odebrecht.
La decisión fue adoptada por la Sala IV de la Cámara, con los votos de los jueces Marcelo Duffy y Jorge Morán, quienes revocaron la medida que virtualmente frenaba la posibilidad de completar la designación de fiscales mediante la actuación del Senado de la Nación y el Poder Ejecutivo.
El fallo, además, habilita provisoriamente el traslado de fiscales a otras jurisdicciones por “razones de mejor servicio”, una práctica frecuente durante la gestión de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
