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Por orden de Torres, la Policía Federal realizó varios operativos en distintos organismos luego de la investigación contra el presidente Mauricio Macri, su padre, Franco, el viejefe de Gabinete, Mario Quintana, y otros funcionarios, tal cual lo impulsó el fiscal Jorge Di Lello.
En la causa se investigan al menos siete hechos: uno es la contratación del Estado de empresas aéreas para viajes presidenciales, evitando la modalidad de contratación que establece la ley y con montos desventajosos; también la venta de la empresa Macair Jet S.A, la cual era de la familia Macri; y del posicionamiento en el mercado local de Avian Líneas Aéreas (compradora de la anterior) en desmedro de otras firmas.
Otro de los hechos es la asignación de rutas aéreas operadas por Aerolíneas Argentinas a Fly Bondi Líneas Aéreas, puesto que se sospecha de la vinculación que tendrían con esta última funcionarios del gobierno nacional, y otro es la compra de una nueva flota presidencial sorteando la modalidad establecida por ley para la contratación.
El juez Torres pidió en los operativos a la Secretaría General de Presidencia que informe en detalle de los viajes realizados por Macri y otros funcionarios del Gobierno desde el 10 de diciembre de 2015 a la actualidad en la flota presidencial o bien aviones de empresas privadas.
