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Junto a la legisladora Leonor Martínez Villada, Carrió solicitará que se investigue "el aprovechamiento de servicios y facilidades de titularidad y uso público del comercio marítimo para el enriquecimiento indebido de particulares y funcionarios, mediante la intimidación, la violencia y el abuso de poder", según adelantaron en un comunicado.
La denuncia alcanzará a directivos y socios de las empresas que llevaron a cabo las maniobras, como el señor Daniel González, accionista mayoritario de APC S.A, entre otros, y reclama que se investigue el cobro bajo extorsión de un seguro para obtener un certificado denominado TAP (Transporte Argentino Protegido) que condicionaba el ingreso y egreso de contenedores sin ningún aval legal que lo estipule.
