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Esta medida gubernamental surge tras un año de conflicto permanente con el sector, pese a la fuerte inversión del Gobierno en el tema social, y por el malestar generado en la Casa Rosada como consecuencia de los piquetes y protestas contra la Administración de Mauricio Macri en las calles.
El plan del Poder Ejecutivo consiste en el aumento de la cantidad de centros de capacitación y formación profesional a los que asisten los beneficiarios de planes sociales, como por ejemplo "Argentina Trabaja", "Ellas Hacen" y "Desde el Barrio". Las personas incluidas deben participar de los cursos para cobrar $ 4.430 mensuales.
En la práctica esto significa un recorte del poder para los jefes de las asociaciones sociales en el manejo de las planillas de asistencia: mientras que desde el Gobierno creen que estas planillas se usan para obligar a los beneficiarios a participar de las protestas y que, caso contrario, los hacen figurar como "ausentes".
El objetivo de la medida del Gobierno pasa por ampliar la oferta de las formaciones a una mayor cantidad de institutos primarios, secundarios y terciarios, y que además puedan elegir a qué lugar asistir para capacitarse.
Inicialmente la estrategia gubernamental había pasado por establecer un diálogo fluido con las organizaciones, con gran participación de la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley y sus funcionarios.
