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El magistrado, además, acusó al fiscal Federico Delgado y al titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, al considerar que violaron sus deberes como funcionarios públicos cuando tomaron la declaración testimonial en la que Meirelles acusó a Arribas.
El prestamista, que operaba para la constructora brasileña Odebrecht -investigada por el pago de sobornos millonarios para acceder a la obra pública a través de intermediarios- había declarado ante la Fiscalía argentina que había realizado "14 transferencias bancarias" desde un banco de Hong Kong a una cuenta a nombre de Arribas por un monto total de 850 mil dólares en concepto de "acuerdo de sobornos" para conseguir la obra del soterramiento del tren Sarmiento.
En aquel momento, el funcionario aseguró que había recibido solamente un depósito de 70.475 dólares fruto de la venta de parte del inmueble que habitó en la ciudad de San Pablo, previo a volver a la Argentina para acompañar la gestión del presidente Mauricio Macri quien, en diciembre de 2015 lo designó director de la Agencia Federal de Inteligencia.
Estas versiones generaron que se abriera una causa contra Arribas por presunto lavado de dinero, aunque la denuncia fue desestimada en primera instancia por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y luego la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el sobreseimiento y cerró el caso.