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La denuncia penal fue realizada luego de que Moreau dijera en declaraciones televisivas que en el caso Nisman y en el pacto con Irán “están trabajando Wolff y otros agentes del Mossad”.
Para el juez, Moreau llama agente del Mossad a Wolff "sin dar ningún argumento que sostenga sus dichos, más allá del mero hecho de practicar la religión judía". Wolff había enviado una carta documento a Moreau acusándolo de utilizar "los argumentos del más rancio y radical antijudaísmo".
"Es indispensable que sepa que desde lugares de alto impacto comunicativo adjetivar a un compatriota que piensa distinto como representante de intereses extranjeros -y del servicio secreto israelí por mi condición de judío- implica usar los mismos argumentos que usaron los más sangrientos totalitarismos a lo largo de la historia.
Ya Dreyfus fue acusado por el nacional socialismo francés por lo mismo y muchos judíos, entre ellos varios de mis familiares directos, murieron en los campos de concentración a manos de los Nazis por los mismos falaces señalamientos", decía ese mensaje.
Como Moreau no se retractó ni contestó la carta documento, a fines de noviembre lo denunció ante la Justicia federal por incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque Moreau debería haber realizado una denuncia, y por incumplir ley antidiscriminatoria. La causa le tocó al juez Sergio Torres, que luego citó a Moreau a declarar.
En su declaración, Moreau se defendió argumentando que "se está violando el artículo 68 de la Constitución Nacional que impide que un legislador sea interrogado judicialmente por sus opiniones" y que "la causa se entromete en una situación de competencias constitucionales porque este tema ha sido planteado en el recinto de la Cámara de Diputados en el marco de lo que se denomina una cuestión de privilegios en la que solo pueden intervenir sus integrantes, por lo tanto se está promoviendo una invasión de poderes".
