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El 10 de abril pasado, la jueza federal María Romilda Servini de Cubría decidió la intervención del Partido Justicialista nacional y designó como interventor judicial al líder del gremio gastronómico Luis Barrionuevo. El histórico sindicalista tiene la responsabilidad de "producir los actos necesarios tendientes a la normalización partidaria", según resolvió la magistrada.
En un dictamen de 26 páginas al que accedió Clarín, el fiscal Di Lello consideró entre otros puntos que con la intervención del PJ hubo un "atropello no solo al derecho de defensa y debido proceso, sino también a la vida interna democrática de esa agrupación".
Ante la medida de Servini, los abogados que representan a José Luis Gioja quien ejercía la presidencia del PJ reclamaron ante la justicia que se revoque y se "decrete la nulidad de todo lo actuado, puesto que entienden que la decisión de intervenir el Partido Justicialista Orden Nacional, ha sido arbitraria, injustificada e ilegítima, y que ha ocasionado un perjuicio irreparable toda vez que no indicó las causales previstas en la ley de Partidos Políticos, circunstancias que consideran relevantes como para que se conceda el recurso interpuesto con efecto suspensivo", se indicó en el escrito.
El fiscal Di Lello consideró en su dictamen que al momento de intervenir el PJ, la jueza cometió un "atropello no solo al derecho de defensa y debido proceso, sino también a la vida interna democrática de esa agrupación".
