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La investigación tiene al empresario Lázaro Báez como principal acusado, es la causa por la cual se encuentra detenido desde hace dos años y por la cual está procesado en tres oportunidades por lavado de activos, ya que para Casanello existe el agravante de la habitualidad de la maniobra, que se habría realizado desde 2010 a 2013. En ese sentido, el magistrado estimó que se habrían lavado unos 60 millones de dólares mediante la empresa Austral Construcciones.
En esta causa, quedaron procesados y deberán enfrentar el juicio oral Báez y sus cuatro hijos; Leonardo Fariña, Federico Elaskar y Fabián Rossi, entre otros; aunque dejaron por fuera del expediente a los exfuncionarios K a pesar de que la Sala II de la Cámara federal porteña había vinculado la causa de defraudación al Estado mediante la obra pública, un expediente donde Cristina Kirchner fue acusada de ser jefa de la asociación ilícita junto a Julio De Vido, José López y otros ex funcionarios.
Es por este motivo que las querellas apuntaron contra la exmandataria, ya que consideraron que debía estar involucrada en esta investigación. Sin embargo, Casanello rechazó el pedido bajo el argumento de que si bien “se tuvo por acreditado que los fondos expatriados tuvieron su origen en un fraude cometido por una asociación ilícita que integraban, entre otros, Lázaro Báez y Cristina Kirchner”, estos hecho no son suficientes “para atribuir responsabilidad penal por estos hechos” a CFK “o al resto de los 13 imputados que ahora deberán afrontar un juicio por aquella defraudación”.