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La iniciativa obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Vivienda, Legislación General y Presupuesto, donde Cambiemos sumó el apoyo del interbloque Argentina Federal, el Frente Renovador y el Movimiento Evita.
Incluso del frente para la Victoria-PJ, aunque con disidencias. El “régimen de integración socio-urbano y regularización dominial” apunta a expropiar tierras y urbanizar más de cuatro mil barrios populares, villas y asentamientos de todo el país.
Sólo serán alcanzados los barrios ya relevados e identificados en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana) y cuya propiedad no sea del Estado Nacional.
El sujeto expropiante será la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que junto al Ministerio de Desarrollo Social deberá celebrar acuerdos con las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de transferir los bienes inmuebles que estén bajo su titularidad.
La redacción original establecía que en caso de falta de acuerdo, el Poder Ejecutivo Nacional estaría facultado a proceder a la expropiación abonando los montos que determine el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Sin embargo, ese artículo se modificó en comisiones, de manera que nada pueda hacerse sin el acuerdo de las tres partes. Todos los gastos que se deriven de los convenios “serán afrontados en partes iguales por las jurisdicciones firmantes”.
Pero además, se autoriza al PEN a crear un fideicomiso “con el objeto de financiar la totalidad de las actividades que resulten necesarias para llevar adelante el objeto de la ley”.
