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Para eludir la ley, utilizaron un acta de directorio y una fecha de asamblea trucha ya que uno de los socios de Operadora de la Costa no se encontraba en el país. El representante legal de la contraparte era Rosenkrantz.
El hecho que más lo complica es que la multinacional adquirió los bienes muebles sin cumplimentar el debido proceso. Esta maniobra dejó a la empresa quebrada sin posibilidades de cumplimentar sus obligaciones con AFIP y los juicios laborales.
