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Buscan establecer con que dinero los Kirchner adquirieron su hoteles

La Justicia busca establecer si con el dinero recaudado de las coimas entregadas por los empresarios de energía a cambio de licitaciones, los Kirchner adquirieron sus propiedades entre ellas Los Sauces S.A y el hotel Hotesur, ambos inmuebles investigados por servir al lavado de dinero.

Después de las declaraciones de los empresarios arrepentidos, de los manuscritos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta; la confesión del financista de la familia, Ernesto Clarens; las palabras del ex funcioanrio K Claudio Uberti junto con las del piloto Sergio Vélazquez, la Justicia comenzó a cruzar datos y vincular las diferentes causas de corrupción que rodean ala familia de Cristina.

Primero se trató de la Ruta del dinero K y ahora con el lavado de dinero de Hotesur. En las investigaciones, el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stonerlli ponen especial énfasis en las propiedades adquiridas entre 2008 y 2010 cuando más “incremento hubo en el patrimonio de los expresidentes y más propiedades se adquirieron”.

La familia Kirchner adquirió, en ese periodo, la firma Los Sauce, de 23.897 metros cuadrados a un valor de U$S 3.087.000, el hotel Alto Calafate, propiedad de Hotesur, por U$S 4,9 millones; el hotel Las Dunas perteneciente a Lázaro Báez, por U$S 700.000, se registraron 14 operaciones inmobiliarias de compra-venta entre los Kirchner y el empresario K acusado de lavar dinero, y terrenos por más de U$S 1 millón.

Entre 2008 y 2010, Néstor y Cristina invirtieron un total de U$S 9,7 millones en inmuebles mientras el Estados acordaba 52 contratos viales por $46.000 millones.

La declaración de Clarens será clave ya que el financista era quien controlaba el traslado del dinero y administraba las cuentas en el exterior creando la estructura necesaria para que Lázaro Báez pudiera transferir fondos a los bancos de Suiza, Bahamas, las Antillas holandesas, Uruguay y demás paraísos fiscales.

Por la causa ya se calculan más de U$S 200 millones recibidos a modo de coimas con el objetivo de “enriquecerse de forma ilícita”, descartando así la supuesta recaudación ilegal de fondos para la campaña que declararon los empresarios.



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