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Del total de llamadas que recibió el Ministerio el primer día de la medida, sólo 70 tenían información sustancial. Estos casos fueron derivados a la Justicia con posibilidad de convertirse en una denuncia.
“El objetivo es que toda aquella persona que pueda dar información fehaciente de dinero, propiedades, testaferros, personas que saben que son cosas del pueblo que están en manos de corruptos puedan volver a la gente, porque eso se va a convertir en hospitales o equipamientos para las fuerzas de seguridad”, señaló la ministra Patricia Bullrich.
“Si se comprueba o esa propiedad tiene un testaferro, que fue comprada por uno de los tantos corruptos que tiene el país, al momento de la comprobación se hace un acuerdo con el fiscal y ese bien es tomado por la causa, por el Estado en la Justicia y se le paga a la persona el 5% del valor o hasta 2 millones de pesos”, detalló.
