De esta forma, se busca que la obra pública no se paralice, en especial en estos momentos de crisis económica. Las empresas que quieran seguir participando de las licitaciones y proyectos de Participación Público Privada (PPP) deberán, en primer lugar, apartar de sus cargos a los accionistas o directivos arrepentidos o vinculados de alguna forma a causas de corrupción.
Por otro lado, deberán cumplir con programas de “integridad”, con códigos de buena conducta y medios de denuncia internos. El Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, estableció que las compañías deberán pasar por un “tamiz de control”, en señal de transparencia.