Según el letrado, “la orden carece de todo fundamento y justificación”. El representante legal de la ex presidenta impugnó la validez de la medida mediante un recurso de apelación, y reclamó “una vez más que se cite a prestar declaración indagatoria al juez denunciado por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
Respecto de los bienes secuestrados en la propiedad de su defendida, Beraldi aseguró que "no existía ni la más remota necesidad de que tales objetos fueran extraídos por una fuerza de seguridad”.
También planteó que “en lugar de cumplir la ley y devolver lo que estaba indebidamente secuestrado, Bonadio aprovechó la oportunidad para aumentar sus arbitrariedades, llevándose lo que no correspondía”.
