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En la causa se investigó la firma de una resolución que habría permitido a las empresas importar los decodificadores con un arancel especial durante un lapso de 15 días, tras lo cual fue derogada por advertencias hechas desde la secretaría de Industria de Tierra del Fuego.
Los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, recordaron en el fallo que se detectaron seis irregularidades en el trámite administrativo que derivó en la firma de la Resolución General de Afip 2900/2010, el 24 de agosto de ese año, entre las que se encuentra el extravío del expediente administrativo.
Además, señalaron que los acusados “se habrían interesado en el citado proceso en miras de un beneficio propio o de un tercero, dejando de lado el interés estatal” y que “si no se hubiere dictado dicha disposición se habrían tributado impuestos por 347.907 dólares durante el período de su vigencia”.
