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Acusan a Macri por la venta ilegal de 53 inmuebles del Estado Nacional


El presidente de la Nación, Mauricio Macri, sigue acumulando denuncias en Tribunales. Esta vez, lo acusaron de poner a la venta 53 inmuebles públicos sin autorización del Congreso, tal como lo marca la Constitución. En total se trata de más de 50 hectáreas, la mitad ubicadas en Puerto Madero.

Los abogados Rafael Klejzer y Jonatan Baldiviezo, integrantes de Izquierda Popular, radicaron la denuncia en el Juzgado Federal Nº 10 por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Además pidieron que se dicte una cautelar para frenar la subasta de tres inmuebles programada para el mes de marzo en el Banco Ciudad.

En los fundamentos de los tres decretos firmados en 2016, a través de los cuales el Ejecutivo dispuso la venta de 53 inmuebles, se sostiene que la enajenación está amparada por la ley 22.423, “sancionada” durante la última dictadura cívico militar.

Klejzer y Baldiviezo advirtieron que esa ley está vencida desde hace seis años, y que además cuenta con jurisprudencia en su contra. De hecho, la jueza en lo Contencioso Administrativa del Juzgado Nº 19 de la Ciudad de Buenos Aires, Andrea Danas, ordenó suspender la subasta del inmueble donde se encuentran las instalaciones del Instituto Antártico Argentino, invocando la nulidad de la normativa.

Los trabajadores del Instituto lograron frenar su venta, luego de que denunciaran que no sólo el edificio poseía valor patrimonial –es un petit hotel de estilo francés- sino que también se ponía en riesgo todo el acervo investigativo sobre la Antártida que está contenido en una biblioteca de más de 10 mil volúmenes.

 “Son ventas absolutamente ilegales, el Presidente no tiene facultades para vender tierras de la Nación y necesita sí o sí autorización del Congreso”, explicó Baldiviezo. “Los tres decretos se fundan en una ley que ha perdido vigencia. Por lo tanto, el Presidente se está arrogando facultades del Congreso, haciendo uso de una norma que perdió vigencia hace más de seis años, constituyendo un verdadero abuso de autoridad”, amplió el abogado.

FUENTE Página 12

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