“En la elaboración del proyecto, la Comisión tomó en consideración los instrumentos internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional y los avances en materia de integración regional del país, a fin de promover y facilitar la cooperación entre Estados y la implementación de estrategias coordinadas, elementos de máxima importancia ante ciertas modalidades delictivas como la delincuencia transnacional organizada”, detalló el Gobierno.
Además, prosiguió: “En el mismo sentido, se adecuó la normativa penal nacional a los compromisos asumidos en el plano internacional, en particular en lo atinente a la vigencia de la protección de los derechos humanos y de la persecución del terrorismo, el financiamiento del terrorismo, del narcotráfico y la corrupción”.
El texto endurece las penas contra el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo y su financiación; incluye los delitos de lesa humanidad; tipifica nuevas conductas en el marco de los siniestros viales e incorpora la responsabilidad de la persona jurídica.
Asimismo, tiene perspectiva de género, da participación a las víctimas de los delitos y amplía sus derechos. También protege el ambiente y agrega los delitos genéticos y cibernéticos, entre otras destacadas reformas.
Además, fija criterios claros para la determinación de la pena y achica el margen de discrecionalidad de los jueces, especialmente en los casos violencia contra las mujeres y personas en situación de vulnerabilidad.
