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Lijo firmo dos resoluciones: en una rechazó un planteo en el que se pidió la nulidad del dictamen del fiscal y en otra desestimo una acción de los defensores que habían alegado inexistencia de delitos.
La defensa del titular de la empresa había argumentado que el fiscal del caso Gerardo Pollicita se había basado en el dictamen de la fiscal del fuero comercial Gabriela Boquín en el expediente concursal, y que según los abogados tiene una “finalidad política”.
Cuestionaron la cifra de $ 70.163.910.895,10 utilizada por la fiscal para graficar la quita que representaba la propuesta aceptada por el Estado Nacional en el expediente del concurso preventivo y dijeron que es “absurda y fue el resultado de un procedimiento “inédito”, marcado por errores conceptuales y jurídicos”.
