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Santoro fue considerado “partícipe necesario” de los delitos cometidos en perjuicio del ex directivo de la petrolera venezolana PDVSA Gonzalo Brusa Dovat y del empresario patagónico Mario Víctor Cifuentes, ambos presuntas víctimas de la organización supuestamente liderada por D’Alessio.
Santoro “no podrá ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal; que deberá dar aviso por sí o por intermedio de su abogado defensor de cualquier cambio de domicilio, como así también deberá dar aviso y requerir previa autorización para efectuar cualquier viaje al exterior del país”, resolvió Ramos Padilla.
En una resolución de 258 páginas, el juez agravó también la situación de D’Alessio, a quien le amplió el procesamiento y le mantuvo el embargo por diez millones de pesos.

