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El 23 de noviembre de 2017 la Justicia encomendó a la Policía Federal el desalojo del predio ocupado por una comunidad mapuche. Luego se le encargó la tarea al escuadrón Albatros de la Prefectura Naval Argentina, en especial la custodia del lugar una vez desalojado. Dos días después del desalojo, el 25 de noviembre, un escuadrón de Prefectura se topó con un grupo de mapuches, entre ellos los referentes Facundo Jones Huala y Lautaro González.
En ese presunto enfrentamiento -que la comunidad mapuche niega que haya existido- murió de un disparo por la espalda el joven Rafael Nahuel. En primera instancia la Justicia procesó a cinco prefectos por el homicidio, pero cuando esa decisión fue apelada la Cámara Federal de General Roca dictó la falta de mérito para cuatro de ellos.
El único que quedó procesado entonces fue Pintos, pero la Casación dijo ahora que no se había evaluado que el hecho se dio en un enfrentamiento armado y que hubo un peritaje que no corroboró que la bala que mató a Nahuel mapuche hubiera salido del arma de Pintos. Por ello, la Casación anuló la decisión de la Cámara de General Roca y ordenó el dictado de una nueva.
