 |
En el Decreto 785/2019, argumentan que Rubinstein no consultó con la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia ni con el Consejo Federal de la Niñez, Adolescencia y Familia ni con la Agencia Nacional de Discapacidad ni con el Instituto Nacional de la Mujer quienes representan partes afectadas por lo determinado por el funcionario radical. También señalan que la nueva guía está vinculada al proyecto de reforma del Código Penal.
Agregan que “la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos” establece que “antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico”, dando razones técnicas para dar de baja el nuevo marco regulatorio para las Interrupciones Legales del Embarazo.
