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El fundamento de Stornelli se basó en que "en la causa se probó que los pagos efectuados por los empresarios a los integrantes de la asociación ilícita fueron realizados con la intención de obtener una contraprestación a cambio, lo que descartó, desde un primer momento, la posibilidad de que hayan sido efectuados simplemente por el cargo que detentaban”.
Asimismo, el fiscal aseguró que "ninguna de las entregas de dinero acreditadas en el presente fue realizada a título gratuito como simple regalías y por la investidura que poseían los funcionarios. Los privados y los representantes de la organización paraestatal realizaron un claro pacto, en el cual los primeros entregaban dinero a los segundos para que éstos, ejerciendo sus capacidades, hicieran algo específico y determinado con relación a los procedimientos administrativos o contratos en los cuales estaban involucrados”.
En este sentido, resaltó que "ambos bandos negociaron, espontánea y voluntariamente, y acordaron un pacto respecto del cual sabían que les iba a generar beneficios económicos recíprocos” Luego de las declaraciones de Stornelli, falta que el juez Claudio Bonadío tomé la decisión de si enviar la causa a debate oral o no.
