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La jueza Cecilia Madariaga Gilardi de Negre había hecho lugar a una medida cautelar pedida por dos asociaciones civiles contra la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y suspendió la disposición que autorizaba a un laboratorio la venta de Misoprostol para la interrupción del embarazo.
La medida cautelar, presentada por la Asociación para la Promoción de Derechos Civiles y la Asociación Civil Portal de Belén ante la jueza subrogante en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal nº 11, buscaba, además, que se declarara la "nulidad absoluta e insanable", por "inconstitucional", del "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo".
La ANMAT y el propio Ministerio de Salud presentaron apelaciones al amparo que tuvo el visto bueno de la jueza Madariaga Gilardi de Negre el 5 de diciembre.
