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Ese decreto, el 418/2018, derogado ahora por e decreto de necesidad y urgencia 193, que se publica en el Boletín Oficial, daba intervención a las subsecretarías de Presupuesto de la cartera de Hacienda, y a la de Evaluación Presupuestaria e Inversión Pública, dependiente de la JGM.
Tal medida fue justificada en su momento “para mejorar las cuentas públicas, para lograr una mayor coordinación de las políticas de gastos e ingresos entre el Estado Nacional y las demás jurisdicciones y para dotar de mayor transparencia a la gestión pública”.
El decreto 418 abarcaba a la Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados (incluidas las Instituciones de Seguridad Social); las Empresas y Sociedades del Estado; otros Entes Públicos y Fondos Fiduciarios.
La intervención regía para antes de celebrar convenios con una provincia, municipio o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los que se previeran transferencias presupuestarias en ejercicios futuros por parte del Tesoro Nacional; o bien, antes de iniciar la contratación de obras o servicios o la adquisición de bienes.
Del mismo modo, se subordinaban tales transferencias a las pautas de ajuste de gastos, en cumplimiento de los compromisos asumidos en el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y en el Consenso Fiscal suscripto en noviembre de 2017.
