 |
El proyecto, aprobado en noviembre en Diputados, establece que las cadenas comerciales podrán otorgar a un proveedor el 30 por ciento de una góndola, que deberá compartir con al menos otros cinco proveedores, y determina que se le deberá brindar un 25 por ciento a productos de pymes y un 5 por ciento a los de la agricultura familiar.
La senadora del Frente de Todos, María de los Angeles Sacnun, no descartó que pueda producirse algún tipo de cambio en el recinto pero consideró que el objetivo es aprobarlo tal como viene de la Cámara baja ya que allí se dio "una discusión amplia" sobre el tema.
Sacnun atribuyó a la oposición del interbloque de Cambiemos una intención de "dilatar la discusión" cuando el proyecto se debatió en la Comisión de Legislación General la semana pasada y advirtió que "no tenía sentido" demorar la sanción debido a que "en la Cámara de Diputados no hubo votos negativos".
"La ley tiende a romper con la posición dominante de los grandes hipermercados, que son los verdaderos formadores de precios en Argentina. Es imposible avanzar en un programa contra el hambre y de redistribución del ingreso si no podemos evitar la cartelización", advirtió la legisladora, que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales.
La sesión fue convocada para hoy a las 14 y en el temario se incluyó, además, la designación de la Defensora del Niño, la Niña y los Adolescentes, Marisa Graham.
Si bien en el debate en Diputados de el proyecto de ley de góndolas fue aprobado por 180 votos a favor, en el Senado, los senadores del radicalismo y del PRO no descartaron impulsar cambios en el recinto.
El presidente del bloque del PRO, Humberto Schiavoni, afirmó que "lo más probable es que se propongan modificaciones a la ley que viene de Diputados" y adelantó que su espacio "trabaja en un proyecto alternativo".
El senador anticipó que la modificación que su bloque va a plantear tiene que ver con porcentajes y ubicaciones de los productos.
"Son cuestiones que tienen que ver con posiciones que nos están haciendo llegar entidades empresarias", dijo, aunque no brindó mayores detalles.
Fuentes parlamentarias dijeron que ante los cuestionamientos de los supermercados por la celeridad con la que se busca aplicar la nueva normativa, la oposición podría pedir que se extienda el plazo de 120 a 180 días para la entrada en vigencia de la ley, algo que el oficialismo podría considerar.
