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Puntualmente, las organizaciones le pidieron a la ministra tres puntos básicos: que el Estado pague la deuda que los inquilinos acumularon en este tiempo de aislamiento (sin tener la posibilidad de trabajar), que se apruebe la Ley de Alquileres Nacional que ya tiene media sanción en la cámara de Diputados, que se prorrogue el Decreto 320 al menos por dos años, y que se garantice un organismo para hacer cumplir el derecho que otorga el decreto.
Ante esto, Bielsa expresó que va a analizar las medidas y se comprometió a dar una respuesta en los próximos días.
En ese sentido, desde la entidad que reúne a los inquilinos del país sostuvieron que entienden y acompañan “la decisión que se tomó en respecto el aislamiento”, pero a la vez creen “que es fundamental la asistencia del Estado para pagar las deudas que se generaron a partir de esa decisión”.
La mayoría de los inquilinos no pudo trabajar, aceptó la medida, pero esto generó presión social y conflicto con inmobiliarias y algunos pocos propietarios que entienden que el desalojo es la forma de resolverlo. No va a ser nada fácil pagar las deudas, porque la economía no se va a recuperar en tan poco tiempo», aseguraron.
Además, agregaron que «el alquiler que no se paga tiene mucho que ver con la pandemia”, ya que “la emergencia sanitaria redujo los ingresos a tal punto que no hay salida si el Estado no se hace cargo».
