Un proyecto de ley impulsado por el diputado del Frente de Todos Pablo Carro y que ingresó a la Cámara el viernes 21 de agosto propone reorganizar la distribución de la recaudación de impuestos relativos al sector de las telecomunicaciones para apoyar la sustentabilidad de medios de cuya fortaleza depende, dice, el avance hacia el objetivo de un sistema comunicacional acorde con la democracia.
La iniciativa cuenta con el respaldo de sindicatos y organizaciones del sector de la comunicación, entre ellos la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y el Sindicato de Prensa de Rosario, y busca reparar parcialmente las asimetrías que el país padece por carecer de un sistema plural de medios, por sus niveles de concentración, contrarios a las disposiciones internacionales.
El proyecto prevé atender la situación específica de medios llamados “pequeños” y sin fines de lucro, como adecuaciones de bajo impacto fiscal. Por ejemplo, propone una asignación sobre una parte minoritaria del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que deben pagar las empresas extranjeras que explotan el negocio de los servicios digitales.
Esta iniciativa no está destinada a incursionar en el tema de la propiedad de medios y la acumulación de licencias de radio y televisión que existe en el país por la no aplicación plena de la Ley 26.522/2009 de Servicios de Comunicación Audiovisual, primero por un primer período de bloqueos judiciales desplegados sobre todo por el Grupo Clarín, gracias a los fiscales y jueces que están a su servicio.
Posteriormente, el gobierno de Mauricio Macri anuló aspectos centrales de la Ley, con la finalidad de que las empresas más poderosas de medios, que lo apoyaron durante la campaña de 2015 y luego sostuvieron su gestión, se vieran favorecidas con acumulaciones que las normas internacionales desaprueban.
La propuesta de Carro asume en sus fundamentos, precisamente, que la Argentina “tiene problemas históricos de concentración mediática, tanto en su faz geográfica como económica, así como falta de pluralismo y diversidad en la producción y distribución de información y contenidos que impactan en la identidad de todos y todas sus habitantes”.
A este cuadro de desigualdad, prosigue, contribuyen la estructura de la propiedad de medios y el modelo del mercado publicitario, en tanto “la asistencia gubernamental por vía de la pauta publicitaria oficial coadyuvó al sostenimiento o agravamiento de asimetrías entre los actores del sector”.
La iniciativa para avanzar hacia “un mayor pluralismo y diversidad”, que apoyan también la Federación Argentina de Radios Comunitarias y la Red de Carreras de Comunicación, entre otras entidades, se asienta “en reglas y estándares de protección al derecho de difundir y recibir información como un derecho humano universal”.
Los destinatarios son medios informativos en cualquier soporte sin fines de lucro, de asociaciones civiles, organizaciones sociales, mutuales, cooperativas, sindicatos e iglesias o instituciones religiosas, y los de los pueblos originarios. También abarca a medios cuya titularidad sea de monotributistas o personas jurídicas con fines de lucro con producción propia superior a 70 por ciento, siempre que por sus ventas estén en el rango de las empresas pequeñas y medianas.
Asimismo, los beneficios previstos se dirigen a emisoras de televisión abierta de ciudades y localidades de menos de 600 mil habitantes, siempre que los licenciatarios sean autónomos y no estén vinculados con otros medios cuya titularidad sea de sociedades comerciales o extranjeras, y con producción propia de al menos 35 por ciento de los contenidos transmitidos.
El proyecto del diputado Carro prevé la creación de un Fondo de Fomento del Pluralismo y Diversidad Informativa, sustentado con el 5 por ciento del monto sujeto al IVA que ya pagan los servicios digitales de prestadores del exterior, por servicios de información, audiovisuales, publicidad, estudios de mercado y otros en la web.
A valores de 2020, según datos oficiales citados para el proyecto, el Fondo puede reunir entre 720 millones y 856 millones de pesos anuales.
El artículo 2 determina los objetivos de la Política Integral de Fomento al Pluralismo y la Diversidad Informativa, que entre otros son “garantizar el pluralismo y la diversidad en los medios de comunicación y en su dinámica interna para el ejercicio pleno y universal del derecho a la libertad de expresión”; “cumplir con el deber estatal de maximizar el pluralismo y la diversidad en la producción y circulación de información como un requisito del bien común, habilitante del pleno ejercicio de la libertad de información, en consecuencia con los estándares fijados por el sistema interamericano de Derechos Humanos”.
También propone “impulsar el pluralismo al mayor grado posible” y promover el incremento de la expresión de todos los sectores, con equidad en la participación y representación de los géneros, y “establecer una política federal para facilitar las condiciones del ejercicio laboral en los servicios de noticias, incluyendo la capacitación y el perfeccionamiento de los trabajadores”.
Los fundamentos citan como referencia el valor de precedentes normativos y estándares internacionales para proponer “un conjunto de soluciones tendientes a equilibrar un desequilibrio estructural en la distribución de noticias, que afecta a organizaciones de menor tamaño, fundamentalmente ubicadas en las provincias”.
Carro presentó el proyecto, contenido en el expediente 4340-D-2020, con las firmas de Cristina Alvarez Rodríguez, Juan Ameri, Alicia Aparicio, Claudia Bernazza, Lisandro Bormioli, Lía Verónica Caliva, Carlos Guillermo Casas, Gabriela Cerruti, Carlos Cisneros, Walter Correa, Mayda Cresto, Eduardo Fernández, Lucas Godoy, Itai Hagman, Estela Hernández, Mario Leito, Mónica Macha, Germán Martínez, María Rosa Martínez, María Carolina Moisés, Leopoldo Raúl Guido Moreau, Patricia Mounier, Blanca Osuna, Hernán Pérez Araujo, Carlos Ybrahin Ponce, José Luis Ramón, Ariel Rauschenberger, Jorge Antonio Romero, Victoria Rosso, Laura Russo, Carlos Selva, Luis Rodolfo Tailhade, Marisa Uceda, Liliana Yambrun y Hugo Yasky.(Comuna)
