Si hubo un rubro que se multiplicó en pandemia fue la venta de frutas y verduras. Cualquier rincón, un garage, un negocio que cerró, o redujo considerablemente su estructura, sirve para la explotación comercial de venta de frutas y verduras compradas a bajo costo en el Mercado Central. Lejos de bajar los precios, la multiplicación de oferta trajo aparejado un incremento sustancial de precios.
Pero el fenómeno que más llama la atención es que en la mayoría de ellos, las empleadas, son niñas, menores de edad, (muchas de ellas de nacionalidad boliviana), que atienden los nuevos negocios, sin que al parecer nadie lo hubiera advertido. Ni hablar que además los organismos estatales parecen haber hecho la vista gorda en cuanto a la habilitación y controles bromatológicos, de lo contrario sería difícil que tantos negocios pudieran haber abierto sus puertas.
Pero sin dudas lo que más preocupa, es el trabajo infantil. Los y las menores de edad no es que están "ayudando a sus padres", compartiendo la jornada laboral, cuestión que sucede a menudo porque sus progenitores no tienen con quien dejarlos, si no que directamente están a cargo del negocio.
Se trata en la mayoría de los casos de mujeres, menores de 15 años, que aún sin pedirles documentos, es fácil advertirlo. La repetición del "fenómeno", parece seguir un patrón, como si alguien estuviera atrás de la proliferación de menores trabajando en el rubro.
En la Argentina, existe una normativa nacional (Ley 26.390) que prohíbe el trabajo de los niños y niñas que aún no tienen 16 años y protege el trabajo adolescente entre los 16 y los 18 años.
Esta normativa está en concordancia con convenios internacionales sobre edad mínima de admisión al empleo y sobre peores formas del trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
