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Dura crítica de Memoria Activa al procurador Casal

 


La agrupación Memoria Activa volvió a reclamar justicia para las víctimas del atentado a la AMIA, renovó su pedido de "tener fiscales idóneos y creíbles", y acusó al Gobierno de Mauricio Macri de "haber realizado presiones contra los jueces" que investigaron el hecho, al cumplirse hoy 27 años del ataque terrorista. 

Los familiares de Memoria activa realizaron hoy un acto virtual en el cual volvieron a criticar al procurador Eduardo Casal por haber designado "al fiscal (Sebastián) Basso a cargo de la UFI AMIA para lavar, vaciar y cerrar la causa lo más rápido posible". 

En un documento leído por Diana Wassner, la agrupación que nuclea a familiares de las víctimas del ataque a la AMIA, señaló que "en los hechos la UFI AMIA hoy es gerenciada por estrechos colaboradores del fiscal Alberto Nisman con la misma opacidad y ausencia de resultados" y pidió tener "fiscales idóneos y creíbles".

Por su parte, Eial Moldavsky, integrante de Memoria Activa y encargado de la presentación del acto virtual, señaló que "hubo un juicio a (Carlos) Telleldín y lo absolvieron.

Elevaron la causa de Memoria Activa contra el Estado argentino a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se hicieron públicas las presiones que ejerció el gobierno de Mauricio Macri contra los jueces".

Sobre el juicio a Telleldín, quien fuera acusado de vender el coche que se utilizó en el atentado, el abogado de Memoria Activa Rodrigo Borda dijo que "de la investigación entre comillas que llevaron a cabo (Juan José) Galeano, (Eamon) Mullen y (José) Barbaccia no quedó nada, no hay nada que se pueda rescatar de ese trabajo nefasto" y sostuvo que esa acusación tenía que ver con la idea de "cerrar la causa" que "intentaron imponerle a los familiares y la sociedad". 

El abogado también aseguró que "la evidencia encontrada en el teléfono" de Darío Nieto quien fue secretario de Macri es otro "indicio más de la existencia de maniobras desde las esferas más altas del gobierno anterior para influir en el tribunal que estaba juzgando el encubrimiento del atentado a la AMIA".

Respecto a la causa que elevaron los familiares ante la Corte Interamericana de Justicia, Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que acompaña esta presentación en la que se reclama al Estado "de no haber prevenido el atentado" y de intentar "tapar" y "desviar" la investigación, se mostró expectante.

"La Corte de acá a año y medio, dos años, va a sacar finalmente una sentencia donde termine de corroborar el incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado argentino, va a condenar al país y tenemos expectativas que fije algunas líneas de reparación muy importantes para las víctimas y familiares", agregó. 

A su turno, Adriana Reisfeld, presidenta de Memoria Activa, aseguró que no tiene "esperanza de justicia" pero sí de que haya "condenas" ahora que la Corte Interamericana de Justicia debe emitir una sentencia y agregó "el Estado tiene que rendir cuenta de las cosas que hace". Además aseguró que "hace cuatro años" los familiares están "en la misma nebulosa" porque los fiscales "nos ignoran".


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