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Imputaron a Macri y Bullrich por el supuesto contrabando agravado de armas a Bolivia

 


El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial dictaminó este viernes a favor de impulsar la denuncia del Gobierno nacional contra el expresidente Mauricio Macri por presunto «contrabando agravado» a raíz del envío de material represivo a Bolivia, según confirmaron fuentes judiciales. 

El dictamen fue presentado al juez en lo penal económico Javier López Biscayart y pide investigar a Macri, a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y al exministro de Defensa Oscar Aguad, entre otros. Además de Macri, Bullrich y Aguad quedaron imputados y bajo investigación el entonces embajador argentino en ese país, Normando Alvarez García, y tres exmiembros de Gendarmería Nacional con cargos jerárquicos al momento de los hechos.

La fiscalía impulsó la pesquisa en lo vinculado a posibles infracciones al Código Aduanero, que es materia de investigación del fuero penal económico. El Gobierno nacional denunció este lunes al exmandatario y a casi una decena de funcionarios de la gestión de Cambiemos por el envío de material bélico a Bolivia en noviembre de 2019, cuando se consumó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales Ayma.

La denuncia penal llevó la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria. 

La presentación realizada ante la justicia federal denunció “el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno Nacional encabezado por el ex presidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”. 

Los funcionarios del gobierno nacional afirmaron en la denuncia que el objetivo de envío fue “poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales”. 

“El hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero”, se indicó en la denuncia. 

El material bélico puesto a disposición de la dictadura boliviana habría consistido en, por lo menos: 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógeno en spray MK-9; 05 gases lacrimógeno en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS; 52 granadas de gas HC, según denuncias públicas de las autoridades bolivianas.



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