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El Gobierno buscará prohibir por ley que funcionarios al asumir tengan sociedades offshore

 


Con el fin de prevenir violaciones éticas que puedan derivar en hechos de corrupción y transparentar el ejercicio de la función pública, el Gobierno nacional avanza con la reforma de la ley 25.188, Ley de Integridad y Ética Pública, que entre uno de sus modificaciones está la prohibición a que los funcionarios públicos mantengan posiciones patrimoniales “offshore” al asumir sus funciones. 

En este marco, la Oficina Anticorrupción convocó, en el marco del Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas, establecido en el Anexo V del Decreto 1172/2003, a toda persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho o interés simple, difuso o de incidencia colectiva presenten sus propuestas y/o observaciones sobre el borrador de la ley redactado por la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia (DPPT). 

Dicho proyecto de ley, en tanto, incorporaría cambios en el sistema de Declaraciones Juradas para asegurar su disponibilidad en forma completa y precisa, a la vez que se prevé un registro de personas incumplidoras. 

También establecería limitaciones al fenómeno de la “puerta giratoria”, que alude a los vínculos e intereses privados de las personas que ingresan a altos cargos en el Estado Nacional, ya sea antes de asumir su función pública como así también después de la misma. 

En este marco, a través de esta legislación se impediría que los funcionarios públicos mantengan posiciones patrimoniales “offshore” bajo la forma de sociedades, de cuentas, o de giros patrimoniales en plazas no colaborativas y establecería el desprendimiento de las mismas para asumir sus funciones. 

El borrador del proyecto de ley ya se encuentra publicado en el Boletín Oficial y en la página oficial de la Oficina Anticorrupción y recibirá las observaciones y propuestas sobre el mismo de forma digital, se realizarán las reuniones con expertos que resulten pertinentes y "se redactará el proyecto final a ser elevado al Presidente de la Nación para su remisión al Congreso de la Nación", detalla la publicación en el Boletín Oficial.


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