La justicia federal recibió una denuncia penal contra la legisladora María Luisa Gonzalez Estevarena, impulsora del proyecto de la ley porteña que amplió competencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad, que podrá revisar sentencias de la justicia nacional.
Esa modificación fue rechazada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, entre otras entidades, y muy fuertemente por el Frente de Todos (FdT), que advirtió el interés de la oposición de llevar a un "tribunal amigo" determinadas causas, como la del Correo Argentino, que complica al expresidente Mauricio Macri.
La denuncia fue efectuada en los tribunales de Comodoro Py por la abogada Valeria Carreras por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y fue sorteada el viernes quedando radicada ante el juzgado federal 9 a cargo del juez Luis Rodríguez.
La letrada advirtió que el proyecto finalmente votado favorablemente, “viene a forzar la competencia del TSJ de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para que pueda intervenir en juicios y sentencias emanadas de la Justicia Nacional” y que “además de ser aviesamente inconstitucional, beneficia en forma directa al expresidente Mauricio Macri, en causas como el Correo, causas Socma.
Conflicto de intereses. Según la letrada habría que indagar vínculos de la legisladora con allegados al expresidente Macri.
La abogada Carreras indicó que la legisladora denunciada “es miembro como síndica de la comisión fiscalizadora de la Corporación Puerto Madero presidida por Agustina Olivero Majdalani”.
Y que dicha Corporación tendría “varias denuncias y negocios cuestionables, solo cito uno donde nuevamente se ve la empresa IECSA ligada al ex Presidente Macri”, advirtió.
Abuso de autoridad. Consigna la denuncia que “si bien la autora del proyecto, tuvo el voto de su bloque para transformar en Ley, la modificación de la ley 402, no menos cierto es que con el nacimiento del Proyecto en sí se atentaba contra la Constitución Nacional”.
El artículo 248 Código Penal dice que “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.”
Entre las medidas de prueba, pidió un Informe Nosis de los vínculos de la denunciada con el beneficiario del Proyecto de ley.
