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La Corte Suprema convocó al Gobierno Nacional y a CABA para discutir fondos de la coparticipación

 


La Corte Suprema de Justicia convocó hoy a los gobiernos de la Nación y al de la Ciudad de Buenos Aires a una audiencia pública el próximo 10 de marzo para discutir el conflicto por el redireccionamiento de fondos dispuesto en septiembre de 2020 por la administración de Alberto Fernández en favor de la Provincia de Buenos Aires.

La convocatoria está prevista para las 11 en el Palacio de Tribunales y se limitará a la Ciudad y la Nación, por lo que no se admitirá en esta oportunidad la participación de los llamados "amigos del tribunal" (amicus curiae) que la Corte suele aceptar en otras audiencias de este tipo, informaron fuentes judiciales.

La Corte debe fallar en torno a un amparo presentado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el decreto que redireccionó los aportes por el traspaso de la policía a la administración porteña, resuelto en septiembre de 2020, por un monto equivalente al 2,36% de la coparticipación. 

El Gobierno nacional ya anunció que está dispuesto a discutir el monto asignado con la jurisdicción de mayor ingreso per cápita del país, pero aun así el acuerdo no se alcanza. 

Esta tarde, en la Casa Rosada se explicó a Télam que si bien la convocatoria al Gobierno llegó a nombre del ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, este llamado responde a "una cuestión formal y protocolar". "Respecto de quién asiste a la audiencia, es una decisión que tiene que ver con una estrategia judicial que tiene que definir el Gobierno. 

De hecho, en ocasiones anteriores fueron representantes técnicos del Ministerio de Economía. Eso puede o no cambiar", subrayaron las fuentes. Mientras tanto, un funcionario especializado que trabaja junto al Presidente comentó que siempre hay que "estar atentos a lo que quiere decir la Corte" y señaló que en esta controversia por la distribución de fondos el Tribunal seguramente "va querer orientar el debate, dirigirlo". 

Los cuatro miembros de la Corte buscarán que se llegue a un arreglo en la audiencia de marzo y, en caso contrario, deberán terciar en la diferencia y establecer un porcentual para la Ciudad de Buenos Aires.


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