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El Gobierno prorrogó la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia

 


El Gobierno prorrogó hoy la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), hasta el 10 de diciembre de 2023 y la designación de Agustín Rossi al frente del organismo, por el mismo periodo. Lo hizo mediante el Decreto 654/2022 publicado en el Boletín Oficial bajo la firma del presidente Alberto Fernández y del jefe de Gabinete Juan Manzur. 

La norma recordó en sus considerandos que "debe profundizarse la institucionalización de los mecanismos de colaboración y cooperación con los distintos organismos del sector público nacional para la formulación e implementación de políticas y estrategias integrales capaces de producir conocimiento relevante para el proceso de toma de decisiones". 

Y que es necesario "culminar el proceso de digitalización de los archivos históricos de la Agencia, a los fines de asegurar los importantes logros alcanzados en materia de protección de los Derechos Humanos y colaboración en los procesos de Memoria, Verdad y Justicia". 

"En ese sentido, debe fortalecerse el ordenamiento de las bases de datos del citado Organismo e implementar y monitorear el Banco de Protección de Datos y Archivos de Inteligencia previsto en la Ley N° 25.520, afianzado la trazabilidad de la información y elevando los estándares de seguridad para preservar su integridad y disponibilidad", aseguró el texto. 

Recordó además que " por el Decreto N° 52/19 se derogó el Decreto N° 656/16 y, con el objetivo de poner fin a las disfuncionalidades existentes en la AFI, se dispuso su intervención y la restitución del orden normativo establecido por el Decreto N° 1.311/15 y sus modificatorios, hasta tanto se pudiera definir un nuevo ordenamiento general del sistema". 

Lo que se hizo "adaptado a las necesidades de nuestra sociedad y a la consolidación de las prácticas democráticas de los servicios de inteligencia". Y que "se dotó a la Intervención de facultades suficientes para su desempeño, sin comprometer las importantes funciones que el organismo debía continuar desarrollando dentro del marco de un Estado democrático de Derecho y con absoluto respeto por las normas constitucionales, convencionales y reglamentarias".


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