El fiscal Hernández precisó que las 11 personas que fueron identificadas hasta el momento serían parte de una “asociación ilícita” dedicada a cometer “defraudaciones al Estado” y además violar la ley de inteligencia nacional (N° 25.520) mediante la recopilación ilegal de información sobre personas y entidades, tanto públicas como privadas.
“Estamos ante un caso de delincuencia organizada”, dijo al respecto.
Sin dar demasiados detalles, el funcionario judicial indicó que por el momento se detectaron la creación de 661 perfiles, aunque aclaró que posiblemente pueda haber más personas implicadas: tanto futuros imputados como así también nuevas víctimas.
Por esa razón sostuvo que restan peritar por lo menos 70 teléfonos celulares secuestrados en un procedimiento judicial y además recibir informes de organismos judiciales (Fiscalías federales y provinciales) que fueron consultados para determinar si de las 661 personas y entidades relevadas, algunas fueron parte de una investigación penal.
Hernández dijo también que por la investigación se detectaron “miles” de consultas realizadas a las bases “Sudamericadata” y “Nosis”, las cuales recopilan información personal (principalmente económica) de personas, tanto físicas como jurídicas, por lo que deberán ser analizadas por los peritos del Organismo de Investigaciones, la fuerza a quien se le delegó la investigación.
