Según trascendió, “hay conversaciones” entre funcionarios de los organismos de gobierno involucrados -Ministerio de Economía, Banco Central y Casa de la Moneda- para impulsar la emisión de un nuevo billete aunque “no se habló de ninguna denominación en particular”.
Desde las cámaras del sector bancario se reiteraron los reclamos en los últimos meses, debido al elevado costo logístico involucrado en el traslado, carga de cajeros automáticos y la custodia de los billetes, que se incrementa en proporción a la cantidad de unidades.
Sin embargo, trascendió que las entidades chocan con cierta renuencia oficial a un billete de mayor denominación bajo un argumento fiscal: los billetes de baja denominación incentivan el uso de dinero electrónico, dada la molestia de cargar y usar muchos billetes para consumos cotidianos, un hábito cada vez más extendido que contribuye a “blanquear” y regularizar buena parte de la actividad económica que ahora queda registrada y antes se operaba de contado, “en negro” y sin ticket.
Pero ahora las quejas de los bancos respecto a los costos de movilizar enormes cantidades de papel están encontrando oídos mejor dispuestos en las últimas semanas.
Según fuentes del sector, el pedido de las entidades se enfoca en la necesidad de emitir billetes de $5.000 y $10.000. Pero no solo eso: también en la urgencia de sacar de circulación a los billetes de menor denominación.
Esto es porque, explican, el problema logístico seguiría vigente aún con nuevos billetes si no se quita del medio a emisiones que ya no valen nada.
Ya en 2022, el diputado nacional santafesino Federico Angelini presentó un proyecto de Resolución similar por billetes de 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 pesos.
"La caída del valor de compra del billete de máxima denominación tiene consecuencias que van más allá de la inflación y representan una erogación muy importante para bancos, instituciones financieras, comercios, empresas y pymes, generando costos de logística, seguridad, tiempo y espacio”, argumentó.
Además, Angelini manifestó que “un billete de tan poco valor en términos de poder de compra representa un costo mayor para el Estado a la hora de emitir; por eso, esta propuesta permitiría un ahorro de entre 300 y 400 millones de dólares”.