La organización Amnistía Internacional recomendó «suspender las compras de armas tipo Taser y otras armas de electrochoque, así como su uso, hasta que no se realice una investigación rigurosa, independiente e imparcial sobre su uso y efectos».
Entre los requisitos a los que supeditó una eventual autorización al uso de esas armas, Amnistía reclamó «asegurar que todos los funcionarios reciban formación adecuada y basada en los estándares internacionales sobre uso de la fuerza».
Además, propuso «prohibir terminantemente su uso contra mujeres embarazadas, ancianos, niños, niñas y jóvenes menores de edad, personas con trastornos emocionales, personas que presenten alguna discapacidad psíquica o física, personas en situaciones de vulnerabilidad, personas bajo los efectos de las drogas».
La entidad humanitaria envió un «pedido de acceso a la información» al Ministerio de Seguridad ante el anuncio de compra de armas Taser.
